Identificar el control coercitivo en los tribunales de familia
Vítimas, Gênero e Justiça · Accademia Juris Roma · Universitat Pompeu Fabra Jueves 3 de septiembre de 2026
Raquel Bouza-Brey — Escuela de Control Coercitivo
Buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme, y gracias a ustedes por seguir aquí el último día.
Me presento brevemente: soy Raquel Bouza-Brey, portavoz de la Escuela de Control Coercitivo, una alianza multidisciplinar de supervivientes y personas expertas dedicada a la protección infantil.
Ayer pasamos la mañana entera poniéndole nombre al problema del Falso SAP. Isabel Giménez nos habló de los sesgos cognitivos que lo hacen posible. Tamara Amoroso nos mostró qué les ocurre a las madres en los tribunales de familia de Inglaterra y de Brasil. Débora Ávila nos enseñó que en España la prohibición del concepto no cerró la puerta: solo cambió el rótulo que había sobre ella.
Ya toca proponer soluciones al problema.
Quisiera responder a la pregunta incómoda y presentar alternativas. La pregunta es esta:
si ya entendemos todo lo que se planteó ayer, ¿cómo evitar que mañana vuelva a ocurrir lo mismo?
Esa pregunta no tiene respuesta legislativa. Se lo adelanto ya para que no esperen de mí una propuesta de reforma legal, porque no la traigo.
No traigo una reforma legal porque en realidad Brasil y España son un espejo el uno del otro aunque ofrezcan soluciones legislativas distintas al falso SAP.
Brasil legisló el concepto.
España prohibió el concepto.
¿Pero saben qué tienen en común las dos legislaciones?
Ninguna de las dos dice cómo.
La ley brasileña les da a ustedes una obligación de indagar, y no les dice qué preguntar. La ley española prohíbe un constructo sin prever ninguna sanción para quien lo use con otro nombre.
Los dos ordenamientos les entregan una obligación sin instrumento. Y eso no se arregla con otra ley.
Así que lo que voy a traerles esta mañana es el instrumento que creo es más certero.
Voy a dividir esta presentación en cuatro bloques.
Primero, cuatro casos. No son solo cuatro tragedias: son tres formas distintas de no ver exactamente lo mismo.
Segundo, de dónde sale la etiqueta “alto conflicto” y por qué es, de las etiquetas que manejamos, la más peligrosa.
Tercero, qué proponemos poner en su lugar.
Y cuarto, qué pueden hacer ustedes mañana por la mañana, sin esperar a que cambie ninguna ley, para empezar a solucionar esto.
En el primer bloque les contaré cuatro casos, agrupados en tres movimientos.
Guion, tiempo y sentencia de conformidad. Cada movimiento le concedió al sistema más de lo que le concedía el anterior.
El primer caso es español y ocurrió hace once años.
Villajoyosa, provincia de Alicante, verano de 2015. Un hombre llamado Carlos Alberto Soler mata a su hijo de seis años, a su hijastra de catorce, y a su propia madre, que intentaba defender a las criaturas. Después prende fuego a la casa y se suicida.
Y antes de hacerlo escribe una carta y la reparte por los buzones de vecinos y amistades.
Esto es lo que decía.
Llama a su expareja "loba con piel de cordero". La llama "víbora". Dice que ella le maltrataba psicológicamente. Dice que le ha llevado a cometer una locura. Y se queja de que a partir de ahora la sociedad le verá a él como el malo, que a los hombres siempre les toca ser los malos de la película. Se victimiza. Y termina con tres palabras.
“Ahora ella llorará.”
Acaba de matar a tres personas. Dos de ellas criaturas. Una de ellas su propio hijo… Y el sujeto de su última frase es ella.
El segundo caso es brasileño y ocurrió hace seis meses.
Itumbiara, estado de Goiás, febrero de este año. Un hombre que ocupaba un cargo en el gobierno municipal dispara contra sus dos hijos, de doce y de ocho años, y después se suicida.
Antes de hacerlo, escribe y lo publica en redes sociales. Relata su versión de la crisis conyugal. Se despide de sus familiares… Y señala una infidelidad de su mujer como la explicación de lo que va a hacer.
Un dato más, y es el que importa: llevaban dos meses separados.
Once años. Dos continentes. Dos sistemas jurídicos distintos. Dos hombres que no se conocieron nunca y que no compartían idioma.
Y el mismo texto.
Los dos escribieron antes de matar. Los dos hicieron público lo que escribieron. Los dos se presentaron a sí mismos como las víctimas. Los dos invocaron una humillación sufrida. Los dos escribieron pensando en una audiencia, no en una persona. Y los dos lo hicieron después de la separación. No durante la convivencia.
Esto no es psicología individual. Esto no es un brote. Es un guion cultural disponible; y está tan disponible que dos hombres separados por un océano y por una década lo reprodujeron casi palabra por palabra.
Las dos cartas se publicaron horas antes de los asesinatos. Y las dos se leyeron después.
Nadie del sistema tuvo la oportunidad de leerlas a tiempo. Así que no puedo decirles que aquí hubo una alerta desatendida.
Lo que sí puedo decirles es esto: si el guion es tan reconocible que dos hombres lo escriben casi igual con once años y un océano de por medio, entonces existía antes de la carta. Un asesino no inventa esa forma de pensar la mañana en que mata. La carta es el final de un recorrido, no el principio.
Y aquí está lo que de verdad deberíamos preguntarnos: ¿qué había en la vida de esas dos mujeres y sus criaturas los meses y años anteriores, y quién estaba mirando?
No lo sabemos. Y no lo sabemos porque nadie lo documentó. Eso, y no la carta, es el problema.
Ese guion tiene nombre técnico desde hace treinta años, y se lo puso una catedrática en psicología de la Universidad de Oregón, Jennifer Freyd.
Se llama DARVO. Son las iniciales en inglés de tres movimientos: negar, atacar, e invertir los papeles de víctima y agresor.
Primero se niega el hecho. Después se ataca a quien lo denuncia. Y por último llega la inversión: quien agredió se presenta como el agredido, y quien fue agredida queda presentada como la agresora.
Las dos cartas que acabamos de ver son DARVO ejecutado en público, horas antes de un homicidio.
Y aquí está la primera tesis de mi intervención:
"Alto conflicto" es el nombre que le ponemos al DARVO cuando ha tenido éxito. Es lo que ocurre cuando el sistema compra el relato de la inversión de papeles, y convierte esa etiqueta en una categoría técnica que suena neutra y profesional.
Acabo de contarles qué dicen estos hombres. Ahora necesito contarles cuándo lo dicen. Porque no lo dicen en cualquier momento.
Jane Monckton Smith es criminóloga en la Universidad de Gloucestershire, y antes fue agente de policía. Viene de la práctica, no de la teoría. Analizó trescientos setenta y dos feminicidios cometidos en el Reino Unido, uno por uno, buscando qué tenían en común.
Y encontró que no ocurren de golpe. Que no son estallidos irracionales. Que siguen una secuencia de ocho etapas notablemente estable.
Léanlas, yo me detendré en cuatro.
Esas cartas son la etapa seis y la etapa siete hechas públicas. Son dos hombres cuyo pensamiento ya había cambiado, que ya estaban planificando, y que escribieron para justificarse ante una audiencia antes de ejecutar. Por eso les decía que la carta es el final de un recorrido y no el principio.
La etapa cinco es la que les concierne a ustedes.
El disparador es la separación. Es decir: el momento previo a que ese expediente entre en un juzgado de familia.
Ustedes no llegan tarde a estos casos. Ustedes llegan justo a tiempo. Ese es el problema y la oportunidad.
En la etapa tres y en la cinco, cuando la relación ya está dominada por el control coercitivo, los hijos y las hijas dejan de ser solo hijos e hijas. Se convierten en el instrumento. Amenazar con hacerles daño, amenazar con quitárselos, ponerlos en contra de ella… es la palanca más eficaz que existe para controlar a una madre. Y a diferencia de las etapas seis y siete, esto no dura horas o días.
Dura años. Y puede dejar rastro documental.
El disparador de la etapa cuatro no es el divorcio. Es la decisión de irse. Así que cuando ese expediente llega a su juzgado la etapa cinco ya está en marcha. La escalada no ocurre fuera de la sala. Ocurre durante el procedimiento.
Y ocurre con un calendario, que es el de ustedes: la atribución de la vivienda, la liquidación del patrimonio, cada resolución de custodia, cada régimen de visitas.
Quiero ser muy precisa aquí, porque esto se puede entender al revés. No les estoy diciendo que resuelvan con miedo. La resolución no causa la escalada: la escalada ya existía. Lo que les digo es que ustedes pueden predecir con fecha exacta cuándo llega el siguiente momento de “venganza” para ese hombre. Lo saben porque esa fecha la ponen ustedes en la agenda.
Así que hay una etapa larga en la que una madre está viendo cómo se usa a su criatura contra ella y puede contarlo. Y buena parte de esa etapa transcurre dentro del procedimiento.
El caso que viene ahora es exactamente eso.
Segundo movimiento. Y aquí desaparece la excusa de que no hubo tiempo.
Porque el problema del caso anterior era que nadie pudo leer aquellas cartas a tiempo. Muy bien. Pero veamos qué ocurre cuando el sistema tiene todo el tiempo del mundo.
Veinticuatro de abril de 2003. Andrea tenía siete años. Su padre, que ya había sido condenado por malos tratos contra la madre, la mató durante una visita no vigilada.
Su madre, Ángela González Carreño, había presentado hasta esa fecha cincuenta y una denuncias intentando que la escucharan, que impidieran que esas visitas se produjeran sin vigilancia.
Cincuenta y una.
No estamos ante una mujer que no supo pedir ayuda. Estamos ante una mujer que pidió ayuda cincuenta y una veces, por el cauce correcto, ante el organismo correcto, con la documentación correcta. Durante años.
Aquí no hubo una carta que llegara tarde. Aquí hubo cincuenta y un avisos, con antelación, por escrito y registrados. El sistema tuvo tiempo de sobra para intervenir. Tuvo cincuenta y una oportunidades.
Ángela González llevó su caso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Y en julio de 2014, el Comité dictaminó contra España.
Cuatro años después, en 2018, el Tribunal Supremo condenó al Estado a indemnizarla con seiscientos mil euros, reconociendo la desprotección que había soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después de la muerte de su hija.
Fíjense en los años:
El padre asesina a Andrea en 2003. El dictamen internacional llega en 2014. La sentencia del Supremo, en 2018. Quince años.
Luchó y ganó. Ganó en Ginebra y ganó en Madrid. Y no luchó por ella, quiso ganar para las criaturas y las madres que estaban detrás. Y la pregunta que de verdad importa es qué cambió eso.
Ayer Débora Ávila nos enseñó los datos. Les recuerdo solo la conclusión: la lógica del falso SAP sigue operando en los informes técnicos españoles, ahora mediante eufemismos.
Y ahora quiero leerles algo que dijo ella misma, públicamente, en junio de 2017.
Le preguntan en una entrevista qué le aconsejaría a una mujer a la que se está obligando a permitir visitas no vigiladas con un padre maltratador.
Su respuesta son cinco palabras.
“Que se vaya de España.”
Ella se arrepentía de no haberlo hecho.
Piensen quién está hablando. No es una activista. No es una abogada. Es la mujer a la que Naciones Unidas dio la razón. Es la madre de una niña asesinada para escarmentarla. La que hizo exactamente lo que el sistema pide que se haga: denunciar, por el cauce, cincuenta y una veces. La que llegó hasta el final del recorrido institucional y volvió para contarlo.
Y su consejo a las demás mujeres, después de todo eso, es que se marchen del país.
Eso es lo que un sistema le enseña a una víctima sobre sí mismo.
Y la fecha importa: diez de junio de 2017.
Seis semanas después, en Granada, otra madre se enfrentaba exactamente a la decisión que Ángela González acababa de describir en esa entrevista. Y eligió lo contrario a ese consejo. Eligió quedarse y confiar en las instituciones.
Vamos a ver qué pasó.
Tercer movimiento. Es el único de los cuatro casos que sigue vivo mientras hablamos, y tiene un menor dentro. Así que voy a contarlo despacio y sin adjetivos.
Voy a hablar de Juana Rivas. Empiezo por lo que esta mujer tenía a su favor.
En 2009 hay una condena por malos tratos contra el padre de sus hijos. Y quiero que se fijen en cómo llegó. Ella acude al hospital con lesiones y es el médico quien activa el protocolo. Después viene una sentencia de conformidad: él aceptó los hechos antes de entrar a juicio.
Así que hay tres cosas, no una: hay denuncia, hay constatación médica independiente, y hay reconocimiento del autor.
Esto no es una señora a la que un tribunal creyó. Es un hombre que lo reconoció. Es la prueba más incontestable que existe en nuestro ordenamiento.
Siete años después ella vuelve a denunciar, por malos tratos habituales. Ya tienen dos hijos. Ocho días más tarde, el juzgado de violencia sobre la mujer descarta esa denuncia sin darle curso. No se desbloquea hasta trece meses después, y solo porque lo ordena la Fiscalía General del Estado.
Mientras tanto avanza otro procedimiento. Y este les concierne a ustedes tanto como a mí, porque no es un pleito español de custodia: es una restitución del Convenio de La Haya. Su objeto es devolver a los dos niños a Italia. Al domicilio del hombre condenado en 2009 y nuevamente denunciado.
Ella alega la violencia. El propio Convenio prevé una excepción para eso: el grave riesgo. Se invoca expresamente.
Y entonces ocurre lo que decide el caso. Para valorar ese riesgo no se llama a la unidad pericial especializada en violencia de género. Se llama al equipo psicosocial del juzgado de familia, que no está formado adecuadamente. Ese informe concluye que no hay peligro. Y la resolución se apoya en él.
Llega el día señalado para la entrega. Veintiséis de julio de 2017.
Esa mañana, su abogada y la directora del centro municipal de la mujer se sientan con la Fiscalía de Menores. Piden medidas urgentes de protección para los niños.
Les dicen que no.
Y esa tarde Juana no entrega a los niños.
Es decir, esconderse no fue el primer movimiento de Juana. Fue lo único que quedaba cuando se acabaron los demás recursos del sistema, y se acabaron esa misma mañana.
Y ahora quiero que vean qué hizo el sistema con cada una de las personas implicadas.
Con los niños: se ejecutó la entrega 33 días después. Les arrancaron a su madre y los entregaron al hombre que ésta había denunciado y ya había sido condenado en 2009, sin que ninguna de las peticiones de protección hubiera sido atendida.
Con las profesionales que la creyeron: en agosto de 2017, el juzgado cita como investigadas a la asesora jurídica y a la psicóloga de ese centro municipal de la mujer. Dos empleadas públicas, por haber hecho su trabajo. Y años después su propio abogado sería inhabilitado.
Con su familia: investigada hasta el segundo grado.
Y con ella: condenada por sustracción de menores. Entró en prisión. Y estuvo a punto de perder la patria potestad sobre sus hijos.
No la perdió. Pero fíjense en por qué no la perdió.
No la ayudó ningún tribunal. La ayudó un indulto. Es decir: el vínculo administrativo con sus hijos lo preservó una decisión de gracia del poder ejecutivo, no una resolución del poder que estaba juzgando el caso.
Retengan lo de las dos empleadas públicas. Volveré a ellas cuando les enseñe la herramienta que he venido a proponerles.
Los niños ya están conviviendo con su padre. Y ella sigue haciendo exactamente lo que se le pide que haga: aportar prueba. Durante años. Partes médicos, uno detrás de otro.
Y ahora quiero que escuchen cómo tradujo el sistema ese esfuerzo.
"Altamente manipuladora." "Grave funcionamiento mental patológico." "Profundo desequilibrio emocional."
Ahí tienen ustedes lo que Débora Ávila describió ayer, funcionando en Italia, y sin necesidad de pronunciar las siglas prohibidas. La insistencia de una madre en documentar el daño a sus hijos se convirtió en la prueba de que la madre era el problema.
Y mientras eso ocurría en los juzgados, el padre seguía maltratando cotidianamente a esos dos niños.
El hijo mayor a los dieciséis acabó regresando a España con su madre. Lo autorizó la fiscalía italiana, después de que él acudiera por su propio pie a pedir ayuda a la comisaría, cubierto de sangre tras una paliza. Sostiene que lo peor de marcharse fue dejar solo a su hermano.
Y ahora la frase que quiero que se lleven de esta diapositiva.
De aquello no consta huella en el procedimiento. Un adolescente pide auxilio en un Estado miembro de la Unión Europea y eso no pesó después en las decisiones que se siguieron tomando sobre su hermano.
A los hermanos el sistema los escuchó una sola vez en todos estos años. Una vez. Y de esa única escucha salió, inmediatamente, una medida de protección hacia el pequeño. La única vez que el sistema le preguntó qué necesitaba y lo escuchó como sujeto de derecho y no como objeto de discordia, su respuesta cambió la decisión del sistema.
… Y después se lo llevaron otra vez.
Y dónde estamos hoy.
Aquellas denuncias archivadas acabaron reviviendo. Y quiero que sepan por qué, porque es el dato más incómodo de toda mi intervención.
No revivieron por una reforma legal. No revivieron por un recurso bien planteado. Revivieron porque cambió el personal de ese juzgado.
A partir de ahí, el procedimiento penal empezó a moverse, con la fiscalía y con el hijo mayor, desde la mayoría de edad, sosteniendo la acusación junto a su madre.
Pero el procedimiento sigue abierto, y puede durar más años.
Y mientras dura, el hijo pequeño lleva casi una década viviendo con el hombre que fue condenado en 2009.
Diecisiete años. Dos países. Una mujer y dos chavales que pidieron ayuda de todas las formas en que una madre y dos niños pueden pedirla, y a los que solo se escuchó una vez.
Y ahora, después de todo eso, su equipo jurídico acude a los tribunales internacionales.
Es exactamente la misma ruta que recorrió Ángela González Carreño hace veinte años. La misma.
Pongamos los cuatro casos juntos, porque forman una escalera.
En Villajoyosa y en Itumbiara había un guion, escrito por los propios autores. Su único defecto es que se leyó tarde.
En el caso de Ángela González Carreño hubo tiempo: cincuenta y una denuncias formales, presentadas durante años, ante el organismo competente. Y no bastó.
Y en el tercer caso hubo una condena firme reconocida por el propio agresor. No una alegación. No un indicio. Una conformidad. Y lleva diecisiete años sin producir ningún efecto sobre la seguridad de esos niños.
Guion, tiempo y conformidad. Tres niveles de evidencia, cada uno más fuerte que el anterior. Y los tres insuficientes.
Así que la conclusión de este primer bloque es incómoda, y se la digo tal cual:
El problema nunca fue la falta de información. El problema es que nadie tiene un método para leerla como patrón.
Hablemos ahora de etiquetas. Empezaremos por la de “alto conflicto”.
¿Ven este pantallazo? Es la respuesta que ofrece la inteligencia artificial generativa de Google cuando se busca esa etiqueta junto al nombre de Juana Rivas.
Dice que su caso es un ejemplo claro de "custodia de alto conflicto".
Las claves son: ella sustrajo a sus niños, hay denuncias cruzadas... y que a los menores los daña la alta tensión emocional del largo proceso legal.
¿No les chirría?
¿De dónde sale lo de “alto conflicto”?
Sale, en buena medida, del trabajo de este hombre. Bill Eddy es abogado, trabajador social clínico y mediador. Cofundador del High Conflict Institute. Ha formado a más de doscientos mil profesionales en diez países. Es muy probable que alguna de las personas que están hoy en esta sala haya hecho un curso basado en su marco.
Su teoría se llama high-conflict personality, personalidad de alto conflicto. Describe un patrón: culpar sistemáticamente al otro, pensar en términos absolutos, no gestionar las emociones, adoptar conductas extremas... Y lo asocia a cinco trastornos de personalidad.
Pero no he venido a demonizarle.
En 2024, el propio Bill Eddy publicó un texto reconociendo lo siguiente: que la violencia doméstica es generalmente un problema unidireccional, con un agresor y una víctima. Y que tratar a esa familia como una “familia de alto conflicto”, con dos contribuyentes iguales, no solamente ofusca la realidad del caso, sino que puede mantener a la víctima en una situación extremadamente peligrosa.
Lo dice él. No lo digo yo.
El problema, entonces, no es Bill Eddy. El problema es la difusión desregulada de su marco. Cuando cinco trastornos de personalidad se convierten en la explicación por defecto de cualquier expediente conflictivo, un patrón de control se transforma en psicopatología bilateral. Y de ahí a “ambos progenitores necesitan terapia” hay un solo paso.
La diferencia de fondo entre el marco del que vengo yo y el marco de Eddy cabe en dos preguntas.
Eddy pregunta quién está trastornado. El modelo Safe & Together pregunta quién decidió hacer qué.
Uno patologiza. El otro responsabiliza.
Y esa diferencia no es filosófica: es procesal. Un trastorno no se puede acreditar en un juzgado sin pericia, no genera responsabilidad y no admite exigencia de cambio. Una conducta de control sí. Una conducta tiene fecha, tiene testigos, tiene efecto y tiene autor.
Necesitamos una distinción más, y esta viene de la sociología. La formuló Michael Johnson en los años noventa, y sigue siendo el pivote conceptual de todo este campo.
Johnson dice que la violencia en la pareja no es un fenómeno único. Hay al menos tres cosas distintas.
Hay terrorismo íntimo, donde el objetivo no es ganar una discusión: es someter a una persona.
Hay violencia situacional, donde el objetivo es ganar la discusión, no dominar a nadie.
Y hay resistencia violenta, que nos importa especialmente a esta sala, porque es la categoría que el sistema lee mal con más frecuencia: una mujer que se defiende aparece en el atestado como “agresión mutua”, y a partir de ahí el expediente entero cambia de naturaleza.
Y fue él también quien añadió la advertencia que ustedes ya conocen: la mediación y la terapia de pareja pueden funcionar en la violencia situacional y son peligrosas en el terrorismo íntimo. Aplicar la intervención correcta al fenómeno equivocado no es un error neutro. En el segundo caso, sentar a las dos partes en la misma mesa entrega a la víctima al agresor con la garantía institucional de que está siendo un proceso justo.
Con esas dos piezas de Eddy y Johnson ya puedo formularles la segunda parte de mi tesis.
El “alto conflicto” es la etiqueta con la que el terrorismo íntimo entra en el juzgado de familia disfrazado de violencia situacional.
Y ahora, permítanme una pregunta dirigida específicamente a la delegación brasileña.
En abril de este año, Brasil aprobó la Ley 15.384. Incorporó la violencia vicaria al artículo séptimo de la Ley Maria da Penha, y creó en el Código Penal el tipo del vicaricídio, con condenas de veinte a cuarenta años, y lo clasificó como crimen hediondo. La misma categoría de gravedad que se reserva, entre otros, al terrorismo.
Johnson lleva treinta años llamando a esto terrorismo íntimo.
Se lo dejo como pregunta, no como afirmación jurídica, porque de derecho penal saben ustedes muchísimo más que yo: ¿hace falta un cadáver para que sea terrorismo?
Ahora bien. Si la etiqueta es tan mala, ¿por qué se usa tanto?
Porque es extraordinariamente cómoda. Y merece la pena decirlo sin acusar a nadie, porque ninguna de estas cuatro razones implica mala fe.
Es simétrica, procesalmente prudente.
Es barata, el sistema no tiene tiempo.
Es cortés, hace la sala más llevadera.
Y tiene salida procesal inmediata, hay dónde derivar.
Ayer vimos por qué el sistema tolera esto. Yo señalo por dónde entra. Y entra por la puerta que parece más razonable de todas.
¿Qué consecuencias tiene el uso de la etiqueta en el sistema? Regresemos otra vez a Jennifer Freyd. Hablamos antes de ella ¿recuerdan? La inventora del término DARVO. Lo que ella plantea enlaza directamente con lo que ustedes oyeron ayer.
Freyd llama traición institucional al daño añadido que se produce cuando la institución a la que acudes buscando protección te falla. No es el daño del agresor. Es el daño de la puerta que se cierra. Y su hallazgo es que ese segundo daño puede ser más duradero que el primero, porque destruye algo distinto: destruye la confianza en que existe un lugar al que acudir. Destruye la esperanza.
Cincuenta y una denuncias es traición institucional. Que a dos empleadas públicas se las cite como investigadas por haber hecho su trabajo es traición institucional. Que un chaval reniegue de su madre en la prueba pericial porque al terminar de hacerla debe regresar a la casa de quien le coacciona con total impunidad es traición institucional.
“Que se vaya de España” es la frase que una víctima de traición institucional pronuncia cuando la confianza y la esperanza ya están destruidas del todo.
Pero Freyd propuso también lo contrario, y por eso estoy yo aquí. Lo llamó coraje institucional: la respuesta deliberada de una institución que decide mirar, aunque mirar le resulte costoso.
Y la diferencia entre las dos cosas no es la buena voluntad de quien firma ni lo bien redactada que esté la normativa. Es tener o no tener un método que vea más allá de las etiquetas e identifique los patrones del control coercitivo.
Y ahora quiero explicarles despacio la idea que da título a esta ponencia, porque es la que quiero que se lleven a casa.
Hasta ahora hemos manejado tres etiquetas: alto conflicto, alienación parental y violencia vicaria. Y las hemos tratado como si fueran tres fenómenos distintos.
No lo son. Son tres momentos de contacto institucional con un mismo fenómeno.
Miren la tabla por columnas.
Primera columna. Un expediente llega a un juzgado de familia. Todavía nadie ha alegado violencia: hay una separación conflictiva, hay reproches cruzados, hay dos criaturas en medio. ¿Cómo lo nombra el sistema? Alto conflicto. ¿Cuál es el diagnóstico implícito? Dos adultos que no se entienden. ¿Cuál es la intervención? Mediación, coparentalidad, punto de encuentro.
Segunda columna. Ahora ella alega violencia. Y en ese momento, la etiqueta cambia. Deja de ser un problema de dos y pasa a ser un problema de una: aparece la alienación parental, o la interferencia parental, o la instrumentalización de los hijos, o la preocupación mórbida, o cualquiera de los eufemismos que conocemos. ¿Quién lo nombra? Habitualmente no el juzgado: la pericia psicosocial. ¿Diagnóstico? La madre es el problema. ¿Intervención? Cambio de custodia, o la amenaza de cambio de custodia que funciona igual de bien.
Tercera columna. El padre asesina a una criatura. Y entonces, por fin, el sistema acierta con el nombre. Se llama violencia vicaria. Y en Brasil, desde abril de este año, se llama vicaricídio, con un tipo penal de veinte a cuarenta años.
Fíjense en tres cosas.
Primera: es la misma persona quien ejerce control coercitivo en las tres columnas. El mismo hombre, la misma conducta, el mismo patrón. Lo único que cambia es el momento en que la institución lo mira.
Segunda: cada columna tiene un dueño institucional distinto, y esos tres dueños no se entienden bien entre sí. La primera columna es el juzgado de familia. La segunda, el equipo psicosocial. La tercera, la jurisdicción penal. En el expediente puede haber tres idiomas.
Y tercera, que es la que duele: hemos construido un vocabulario jurídico que solo se vuelve exacto cuando ya es inútil.
La tercera columna es la única en la que acertamos con el nombre, y es la única en la que ya no se puede hacer nada. Y añado, sobre esto, algo que quizá no les guste oír: el castigo ejemplar no funciona aquí. En Villajoyosa el autor se suicidó. En Itumbiara el autor se suicidó. Una pena de veinte a cuarenta años no entra en la ecuación de alguien que ha decidido matar en este contexto. Esa ley hace algo importantísimo, que es nombrar, y nombrar tiene valor jurídico y valor simbólico. Pero no puede disuadir. Llega tarde por diseño.
La primera columna, en cambio, es la única que llega a tiempo. Es el momento en que todavía se puede hacer algo. Y es exactamente el momento en el que peor lo hacemos.
Por eso el título de esta charla va de los divorcios de alto conflicto a la violencia vicaria. No son dos temas. Es un solo recorrido, y la pregunta es en qué punto lo interrumpimos.
No sé si han visto ya ustedes este logo. Confío en que lo recuerden al terminar esta ponencia.
Todo lo que queda de esta charla cabría en un cambio de pregunta.
El sistema pregunta: ¿a quién creo? Y esa pregunta es una trampa, porque no tiene respuesta técnica. La credibilidad no se mide. Lo que se hace, en la práctica, es evaluar quién parece más creíble. Y quien parece más creíble suele ser quien está más tranquilo, quien tiene mejor abogado, quien no lleva años en hipervigilancia y quien no pertenece a un grupo sobre el que ya existían sospechas previas debido a los sesgos.
El modelo Safe & Together que les presento pregunta otra cosa: ¿qué hizo este adulto, cuándo, cuántas veces, y qué efecto tuvo sobre esta criatura?
Esa pregunta sí tiene respuesta técnica. Y produce algo que se puede documentar, revisar y recurrir.
El modelo tiene tres principios.
Primero: mantener a la criatura segura y junto a la figura parental protectora.
Segundo: colaborar con la figura parental protectora como posición por defecto.
Y aquí quiero hacer una precisión, porque estoy delante de juristas y prefiero adelantarme a la objeción. "Colaborar por defecto" no significa "creer por defecto". No es una regla de valoración de la prueba. No desplaza la carga probatoria. No altera la presunción de inocencia. Es una posición de trabajo profesional: significa que quien interviene parte de aliarse con quien está protegiendo, en lugar de partir de la sospecha. Ustedes valoran la prueba exactamente igual que antes.
Y tercero, que es el principio que no van a encontrar en ningún otro marco de los que hemos manejado estos días: intervenir con quien ejerce el patrón de violencia, en su condición de padre.
Piensen en todo lo que hemos oído en estos dos días. En todos esos casos, ¿dónde aparece el padre agresor? Aparece como beneficiario de la decisión o de la negligencia institucional. Nunca como sujeto de evaluación parental. Nunca se profundiza en qué clase de padre es. Nunca se contrarresta el doble rasero de la parentalidad en las indagaciones. Como padre es impune por defecto.
El modelo sostiene lo siguiente: maltratar a la madre es una decisión parental. Es una decisión que daña a la criatura. Por lo tanto, la parentalidad de quien agrede es evaluable. Y si es evaluable, es exigible.
El modelo sostiene que el patrón de conducta del perpetrador (el control coercitivo hacia la madre, más las acciones dirigidas específicamente a dañar a las criaturas) produce daño a los niños y niñas implicados por cuatro vías simultáneas. No solo por una:
La primera vía es el daño a la capacidad parental protectora de la madre.
La segunda es la ecología familiar.
La tercera es el daño directo a la criatura. Fíjense en la última línea de esa tercera columna, porque corrige una idea muy extendida: ver la violencia, o saber de ella, no es ni la única ni la principal vía por la que estas criaturas resultan dañadas. Todavía hay resoluciones que razonan que si el niño no presenció los hechos, no hay afectación. Es falso.
Y ahora la cuarta columna.
La cuarta vía del daño es la respuesta del sistema. Incluye dos cosas: la manipulación de los servicios sociales, de la policía o de los tribunales por parte de quien agrede. Y las decisiones institucionales que responsabilizan a la madre en lugar de a quien ejerce el patrón. Ese DARVO comprado por el sistema.
Lo que ayer se nombró aquí como trauma inducido por el tribunal no es un efecto colateral de este modelo: es uno de sus cuatro dominios nativos.
El sistema no es el observador del daño. Es una de las vías por las que el daño llega. Y por eso no puede evaluarse a sí mismo desde fuera.
Esta es la principal herramienta del modelo: un método de siete pasos.
El paso uno es el triaje: identificar cuál es el patrón de control coercitivo y las acciones dirigidas a dañar a las criaturas. Me han preguntado alguna vez si esta herramienta no presupone lo que quiere encontrar: si al llamarse "mapeo del patrón del perpetrador" no obliga a encontrar un patrón. La respuesta está en este primer paso: identificar si lo hay. Si no lo hay, el instrumento completo te lo dice, y entonces estás ante otra cosa, probablemente ante lo que Johnson llamaría violencia situacional, que requiere una intervención distinta.
Y hay una segunda garantía, que a ustedes les va a interesar más: las siete etapas están bloqueadas y son secuenciales. No se pueden escoger a la carta. No se puede saltar al paso cinco para justificar la conclusión que uno ya traía puesta. Un mapeo parcial no es un mapeo válido. Eso es más garantía procesal, no menos.
El paso dos es el que traduce el patrón a lo que ustedes ya tienen que valorar. Seguridad, estabilidad y funcionamiento familiar de la criatura. Y aquí está lo importante para un juzgado de familia: el daño no se detiene con la separación, cambia de instrumento. Pedir modificación de medidas una y otra vez. Denunciar a servicios sociales sin fundamento. Usar los regímenes de visita para localizar a la madre. Dejar de trabajar para no pagar la pensión. Decirles a los hijos que su madre está loca. Ninguna de esas conductas le pone una mano encima a la criatura, y todas desestabilizan su vida: inestabilidad económica, cambios de casa, cambios de colegio, la sensación de tener que proteger a su madre o de tener que elegir bando. Eso se manifiesta después en ansiedad, en depresión, en fracaso escolar. Nada de eso es historia antigua ni es irrelevante: es el patrón continuando. Y todos esos son, literalmente, los factores de interés superior del menor que ustedes están obligados a ponderar. El paso dos los conecta con quien los está causando.
El paso tres es el que corrige el punto ciego más antiguo del sistema. Mapeo sobre las fortalezas y la capacidad protectora de la figura parental protectora. Y no significa decir cosas amables sobre una madre: significa documentar el espectro completo de lo que ha hecho para proteger, incluidos los intentos que fracasaron. Si él la mantuvo despierta toda la noche acusándola de infidelidad y ella llevó a los niños al colegio por la mañana, eso es capacidad protectora. Si él controlaba el dinero y ella pidió prestado para las vacunas, eso es capacidad protectora. Si "sustrajo" a sus hijos cuando el sistema le exigía entregarlos al padre, eso es capacidad protectora.
Y aquí va lo que a mí me parece decisivo. Buena parte de ese esfuerzo protector es invisible para el sistema, porque se hizo precisamente para que el sistema no lo viera. Solo aparece si se pregunta por él con contexto. Y no aparece nunca en las herramientas que puntúan riesgos, que registran lo que ella no hizo y no registran nada de lo que hizo.
Fíjense en la inversión que produce este paso. Sin él, una madre agotada, endeudada y en tratamiento psiquiátrico es un expediente preocupante. Con él, esa misma madre es alguien que lleva años pagando el precio de proteger. Los mismos hechos. La conclusión contraria.
El paso cuatro es el antídoto a la trampa del SAP. Consumo de sustancias y salud mental no se mapean como fallos de ella. Se mapean preguntando dos cosas: qué los produjo, y cómo los usa quien agrede. Si una mujer bebe, la pregunta no es si es una alcohólica: la pregunta es si él le suministra, si la amenaza con denunciarla para quitarle a las criaturas, si su consumo empezó antes o después del patrón. Ahí se desactiva el circuito por el cual el impacto psíquico del abuso acaba convertido en la prueba de que ella es el problema.
El paso cinco no es un apéndice de cortesía. La interseccionalidad (raza, clase, cultura, situación administrativa, privilegio…) está dentro del método, en el centro, y en el mismo paso que la manipulación institucional. No es casualidad que estén juntas: quien tiene más poder social manipula mejor a las instituciones, y sobre quien tiene menos poder social ya pesaban sospechas previas. Y en Brasil esto no es una recomendación: la Resolución 492 de 2023 del Consejo Nacional de Justicia exige capacitación en perspectiva interseccional, y es de observancia obligatoria. Están ustedes un paso por delante de España. Un mapa de patrón que no incorpore interseccionalidad solo reproduce los sesgos discriminatorios con mejor metodología.
Y el paso seis es para ustedes. ¿Se acuerdan de las dos empleadas del centro de la mujer que intentaron ayudar a Juana? La asesora jurídica y la psicóloga, citadas como investigadas por haber hecho su trabajo. Y su abogado, inhabilitado años después.
Eso es este paso. No es una precaución teórica. Quien manipula al sistema para dañar a una madre también manipula al sistema contra el profesional que la cree: con quejas, con recusaciones, con denuncias, con campañas de descrédito. Está dentro del método porque es parte del patrón. Y es el único momento de estos días en que alguien habla de la seguridad de las personas que están hoy en esta sala.
Y el paso siete tiene una consecuencia que nos interesa especialmente. El tipo de respuesta institucional (de la práctica profesional que daña a la que repara) no es una etapa aparte: se analiza dentro de los pasos cinco y siete. A nivel agregado, el mapeo repetido de casos funciona además como herramienta de rendición de cuentas del propio sistema. Es decir: produce exactamente los indicadores cuya ausencia ayer se denunció.
Les dejo los tres marcos juntos, pueden ver sus diferencias. A mí me interesa la última fila. ¿De quién es el problema que resuelve cada modelo? El de Eddy (personalidades de alto conflicto) resuelve el del profesional: casos ingobernables. El de Johnson (terrorismo íntimo versus violencia situacional), el del investigador: busca clasificar. Y el modelo de Mandel (Safe & Together) resuelve el problema de la criatura. Los tres son útiles. Pero conviene saber, cuando uno usa una herramienta, a quién sirve.
Dos minutos sobre la herramienta digital que a las personas que formamos parte de la Escuela de Control Coercitivo nos gustaría que usaran todos los profesionales.
SafetyNexus es un coach digital del modelo Safe and Together operado mediante inteligencia artificial. Es todavía una prueba de concepto en proceso de desarrollo mediante acción participativa con algunos gobiernos e instituciones que ya utilizan el modelo. Aceptan países nuevos para adaptarla a sus procesos y legislaciones.
Lo que hace es traducir el método a un instrumento consultable en el momento del caso. Convierte los protocolos que hoy viven en PDFs olvidados en algo que se consulta cuando hace falta. Y permite generar datos agregados: exactamente los indicadores cuya ausencia se denunció aquí ayer.
La documentación producida por los profesionales es más completa y correcta y permite tomar decisiones mejor informadas.
Esto no es un tercero que recibe datos del caso. No sustituye al juez. No valora prueba. No decide por su cuenta. Y no requiere ceder a nadie datos personales, escolares ni sanitarios de ninguna criatura. Es un instrumento que usa el profesional, dentro de su propio marco de trabajo y de protección de datos.
Cualquier herramienta que funcione de otro modo tiene un problema de derecho comunitario. Y con razón. Y además conviene tener en cuenta que actualmente se calcula que el 80% de los profesionales ya usan IAs generativas que reproducen los sesgos que ayer se denunciaron… ¿Recuerdan el pantallazo de Google sobre Juana con el que iniciamos el bloque anterior? Pues eso.
Y ahora quiero separar dos cosas que solemos confundir, porque necesitan remedios distintos.
Un fallo de peso es cuando la información está y no pesa. La condena de 2009 estaba disponible, era firme, la había reconocido él, y no alteró nada. Eso no se arregla con más papel. Se arregla con criterio, y el criterio se forma.
Un fallo de transmisión es cuando la información existe y no llega. Trece meses para que una denuncia se tramitara. Eso no es criterio de nadie. Eso es arquitectura.
Lo que les propongo ahora ataca el primero. Y el mapeo de Safe & Together, por producir documentos portátiles que viajan entre jurisdicciones, también ataca el segundo.
Y antes de las recomendaciones quiero reconocer una cosa.
Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de cómo fallan los tribunales de familia. Y es verdad que fallan. Pero seamos precisos en el por qué:
La inmensa mayoría de las resoluciones que se escriben las firmó alguien que quería proteger a esa criatura. No las firmó un sádico misógino. Las firmó una persona con demasiados asuntos, sin formación específica en control coercitivo, con un informe psicosocial delante escrito por alguien que tampoco la tenía, y con veinte minutos para decidir.
El problema no es la intención. El problema es que a nadie le han enseñado nunca a leer un patrón. Se les pide a ustedes distinguir conflicto de control con las mismas herramientas con las que se liquida una sociedad de gananciales.
Eso no se arregla con más voluntad. Se arregla con formación y con un método como el de Safe and Together.
Por ahora les hago cinco propuestas concretas. Ninguna requiere cambiar una ley y ninguna requiere presupuesto.
Una. Eviten, o como mínimo justifiquen la palabra "conflicto". No la usen salvo que esté acreditado que las dos partes tienen igualdad de condiciones y no existe voluntad de dominación de ninguna de ellas.
Dos. Pidan conducta, no diagnóstico. Esto es probablemente lo más eficaz de todo lo que voy a decir hoy, y depende enteramente de ustedes, porque el objeto de la pericia lo fija el juzgado. Dejen de encargar “evalúese la personalidad de los progenitores”. Encarguen: “descríbase el patrón de conducta de cada progenitor y su efecto sobre cada criatura”. Eso cambia el informe entero.
Tres. Conviertan el deber de indagación sobre riesgo en una batería fija de preguntas, y no en una fórmula ritual que se rellena sola.
Cuatro. No usen nunca el estado de salud mental de una madre en su contra sin preguntar antes dos cosas: qué lo produjo, y quién se beneficia de él.
Cinco. Documenten la negativa a colaborar de quien ejerce el patrón. Hoy, cuando un padre no acude, no aporta o no colabora, eso simplemente no consta en ninguna parte. Un progenitor puede incumplir una citación forense acordada judicialmente y la diligencia se cierra sin que conste quién la incumplió. Si eso no se documenta, no existe. Y esa documentación es exactamente lo que después permitiría exigirle responsabilidad.
Vuelvo al principio.
Les dije que Brasil tiene una obligación de indagar sin instrumento, y España una prohibición sin sanción. Las cosas que acabo de proponerles son instrumento, y no habría que tocar ninguna de las dos legislaciones para empezar a hacer cambios mañana mismo.
Y por encima de las dos está el mismo marco internacional: la CEDAW, el Convenio de Estambul, la Convención sobre los Derechos del Niño. España fue condenada por el Comité, como hemos visto. Brasil tiene informes periódicos ante ese mismo Comité y ha recibido comunicaciones de Naciones Unidas sobre su ley de alienación parental.
El marco está bien. Los tratados están firmados. Los dictámenes existen.
El problema no está lejos. Está en el minuto en que alguien tiene un expediente delante y no identifica el control coercitivo.
Termino donde empecé.
Ninguno de esos dos hombres escondió lo que iba a hacer.
Ángela González Carreño denunció al asesino de su hija cincuenta y una veces, por escrito, ante el Estado. Y ganó en Ginebra y en Madrid para ayudar a otras madres e hijas. Y su consejo a las demás terminó siendo que se marchen del país.
Y en el caso que sigue vivo, había una condena por conformidad desde 2009, y 17 años después el niño sigue aislado en manos del maltratador.
Guion, tiempo y conformidad.
No faltaba información. Faltaba alguien con un método para leerla.
Ese método existe: El modelo Safe and Together está escrito, está entrenado, está evaluado en varios países, y no depende de que ninguna ley cambie.
Raquel Bouza-Brey
Portavoz de la ECC
Un guion fijo de preguntas sobre conducta —qué hizo esa persona, cuándo y con qué efecto sobre las criaturas— formulado para poder usarse en cualquier procedimiento de familia, sin formación previa y sin cambiar ninguna norma. Sirve tanto para orientar la entrevista como para dejar rastro documental de lo que se preguntó y de lo que no se respondió.
Resumen de los principios del modelo y de sus tres ejes de intervención en una página: mantener a la criatura segura y junto a la persona que la protege, trabajar en alianza con quien protege, y responsabilizar a quien ejerce la violencia de su conducta como padre.
Formación de la Escuela de Control Coercitivo, de elaboración propia, dirigida a profesionales del trabajo social, el derecho, la psicología forense, la educación y la protección de la infancia. Trata la identificación del patrón de conducta, su documentación y su efecto sobre las criaturas.
Las supervivientes de violencia doméstica de todo el mundo comparten la experiencia de proteger a sus criaturas y, aun así, ser culpabilizadas por "elegir a la pareja antes que a las criaturas", por "no proteger" y por "alienación parental".
En este libro pionero, escrito para profesionales y para supervivientes, David Mandel desmonta los seis mitos centrales de la cultura que culpa a las madres e ignora a los padres, y muestra sus fallos y sus límites.
Apoyado en estudios de caso y en testimonios de profesionales y de supervivientes, Stop Blaming Mothers and Ignoring Fathers muestra cómo el modelo Safe & Together puede ayudar a aprender formas nuevas de trabajar en alianza con las supervivientes y de intervenir con los autores de violencia doméstica en su condición de padres.
El control coercitivo es una forma grave de violencia doméstica que viven millones de criaturas en todo el mundo. Consiste en el uso, por parte de quien lo ejerce, de un conjunto de tácticas para intimidar, humillar, degradar, explotar, aislar y controlar a una pareja o a un familiar. Algunas personas que ejercen control coercitivo usan violencia física; otras, no.
A partir de entrevistas con criaturas y madres que vivieron violencia doméstica basada en control coercitivo, este libro pionero aclara los efectos del control coercitivo sobre las criaturas, muestra que es quien lo ejerce quien debe responder por esos efectos, y describe cómo se produce la resistencia de las criaturas y de las madres. Esa resistencia ocurre en la vida cotidiana, y no solo como respuesta a episodios de violencia. Salir del control coercitivo no es un acontecimiento único, sino una lucha sostenida por la seguridad y la recuperación, en la que las criaturas y las personas adultas supervivientes necesitan apoyos e intervenciones profesionales que funcionen.
Escrito en lenguaje accesible para estudiantes, investigadoras, profesionales, supervivientes de violencia doméstica y cualquier persona interesada en el tema, el libro ofrece una perspectiva centrada en la criatura que transforma nuestra comprensión de cómo les afecta la violencia doméstica basada en control coercitivo.
"No todos los peligros se ven; algunos habitan en las instituciones."
Este libro nació cuando ya casi no quedaban fuerzas.
Escribir fue una forma de resistir y de dejar registro de una verdad, para que mi hija pudiera comprender lo que vivió.
Entre el dolor y la impotencia, cada página se convirtió en una forma de sostenerse ante una realidad que lo atravesaba todo.
La primera parte recorre, en forma de diario, decisiones límite, silencios difíciles de sostener y el paso por instituciones que dejan marca.
La segunda parte ofrece herramientas y reflexiones para madres, familiares y profesionales, e invita a reconocer la diligencia debida ante la violencia de género institucional y ante otras violencias que muchas veces siguen siendo invisibles.
El pseudónimo protege la intimidad de mi hija y nuestra seguridad ante posibles represalias. Hay nombres que a veces se callan no por miedo, sino por protección.
Un testimonio crudo, íntimo y necesario, que nace de una pregunta incómoda: qué ocurre cuando proteger una infancia también tiene un precio.
"Este libro es la historia y el presente de una lucha que empieza el día en que tu vida estalla en mil pedazos. La de tus criaturas ya lo había hecho antes, pero la tuya implosiona en el momento en que tomas conciencia. El día en que tus hijas (hijos, hijes) te revelan que su padre les toca ahí abajo, o en que los médicos te explican el origen de esa vaginitis permanente: las señales anteriores que no habías podido interpretar se enlazan entre sí y ya no hay retorno.
Nuestras madres callaron, las madres de nuestras madres también lo hicieron. Nosotras, no. Al principio es casi un automatismo. Ahora que hemos aprendido a decir no a la violencia sobre nuestros cuerpos, ¿cómo íbamos a consentirla sobre nuestras niñas? Consultamos a profesionales, nos informamos, investigamos y, cuando constatamos que lo que nuestras criaturas nos cuentan tiene altos niveles de verosimilitud, denunciamos. Y entramos en un infierno aún mayor. Pronto comprendemos que no nos enfrentamos solo al agresor de nuestras hijas (hijes, hijos). Su padre no es solo su padre. Es el Padre, la encarnación del pater familias, esa figura que sostiene todo un orden social que el sistema judicial protege a toda costa. Parece que el mandato social y de género de protección de los hijos acaba donde aparece el pater familias, pero la verdad es que nuestra convicción del deber de proteger no responde exclusivamente a un mandato externo, ni se agota en límites impuestos. Así, cuando la violencia institucional se descarga sobre nosotras, tenemos que elegir. Y elegimos seguir adelante. Elegimos no callar. Nos convertimos en madres protectoras.
El miedo y el dolor a los que nos enfrentamos son tan grandes que comprendemos a quien tiene que parar y volver al silencio. Nosotras optamos por ir hasta el final. Hasta que nuestras criaturas vuelvan a casa y puedan estar a salvo de sus agresores. Hasta que se reconozca toda la verdad, se alcance justicia y se repare todo el dolor causado."
Isabel Giménez García presenta el Método LC, una propuesta innovadora para redactar resoluciones judiciales comprensibles sin renunciar al rigor jurídico.
La obra se centra en quienes más necesitan entender las decisiones que les afectan: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad y de violencia.
El punto de partida es contundente: una resolución judicial no solo debe estar jurídicamente bien fundamentada, también debe ser entendida por quien ve su vida directamente afectada por ella. Como subraya la catedrática de Derecho Penal Paz Lloria García en el prólogo, una sentencia puede ser técnicamente impecable y, aun así, fracasar si no resulta inteligible para su destinatario. El libro ofrece un modelo práctico, sistemático y aplicable a la realidad diaria de juzgados y tribunales.
Análisis, formaciones y materiales nuevos, enviados cuando hay algo que decir.
Para cualquier consulta, estoy a su disposición en el correo [email protected].